El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de ser el cabecilla de una red de empresarios y funcionarios dedicados a prevaricar entre los fondos públicos, supuestamente pagó más de RD$ 73 millones de pesos destinados al pago de insumos alimenticios para privados de libertad, pero que en realidad iban a sus propios bolsillos.
Así lo señala el Ministerio Público, en la reciente acusación del caso Medusa, compuesta por más de 12,000 páginas, en las que figuran empresarios y funcionarios del pasado y actual gobierno.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), asegura que el imputado Jean Alain Rodríguez Sánches asignó de manera directa la suma de siete millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 49/100 (RD$7,186,498.49), a la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, para la preparación de una cena navidad, con insumos alimenticios no previstos en el contrato adendado, y sin recurrir a un nuevo procedimiento de contratación, acción totalmente violatoria a la Ley 340-06.
Asimismo, detalla que el monto total se adjudicado se elevó a la suma de setenta tres millones seiscientos once mil doscientos setenta y dos pesos con 19/100 (RD$73,611,272.19).
En la supuesta licitación pública fraudulenta de alimentos efectuada en el año dos mil diecisiete (2017), identificada como proceso PGR-CCC-LPN-2017-002, con la cual se le daba apariencia de legitimidad a los oferentes previamente escogido por el comité de facto encabezado por los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Rodríguez Imbert, y el ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco, mediante el contrato de suministro No. 0016/2018, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018), registrado mediante el BS-0002596-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del mismo año, se le adjudicó en un principio la suma de noventa millones seis mil ciento setenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$90,006,178.84), a Inversiones Zwaziland, SRL.
Sin embargo, a tan solo 12 días de la suscripción del supuesto contrato, entre los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez, en representación de la Procuraduría General de la República (PGR), y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, se realizó una adenda, bajo la insostenible justificación de un incremento de la cantidad de los internos, se aumentó el monto total adjudicado a ciento diez millones quinientos siete mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 61/100 (RD$110,507,414.61).
Aunque las documentaciones oficiales de las empresas Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL (hoy Inversiones Zwaziland, EIRL), La Parasata Mercantil, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Comercial Viaros, SRL, Rogama, SRL, F&F Ezel Import, SRL, Ropalma, SRL, y Divamor Group, SRL, daban la apariencia de ser independientes, a través de la utilización de maniobras fraudulentas que van desde el robo o simulación de la identidad de otras personas en las actas y documentos societarios, falsificación de firma, uso de documentos falsos, hasta el manejo de información privilegiada brindada por los funcionarios de la alta gerencia de la entidad contratante.
El PEPCA, dentro del proceso de criminalidad organizada de la operación Medusa, señala que todas las empresas operaban bajo la dirección de una misma estructura, como una sola unidad ejecutora, con el mismo personal, secretaria, contable, compartiendo las naves de almacenamientos y servicios de transportes, estratégicamente manejadas por los acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, y Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, quienes dentro del presunto entramado societario y criminal creado para estafar al Estado dominicano, jerárquicamente le reportaban al acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador General de la República, hoy acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Este entramado societario también estaba dirigido por las José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes participan junto con otros acusados en calidad de testaferros, y despachando alimentos cambiados, manipulados y adulterados a los centros penitenciaros.
Esto deja en evidencia que toda la estructura supuestamente criminal giraba en torno al acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y su empresa Sebelén Bowling Center, debido a que la mayoría de los empleados de las empresas que se adueñaron de manera fraudulenta de las provisiones de alimentos a los privados de libertad durante el periodo 2016 al 2020.
Según el PEPCA, en efecto, una de las razones por las cuales las empresas de los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel ganaban las licitaciones de alimentos año tras año en la PGR, era debido al vínculo de familiaridad existente entre los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y Jean Alain Rodríguez Sánchez. Además del pago de sobornos que los acusados Rolando Rafael Sebelen Torres (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik le hacían al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo y Financiero de la PGR, quien se convirtió en uno de los contactos más esenciales de la institución.
Sus supuestas maniobras fraudulentas se extendieron hasta la falsificación de los conduces de entrega de alimentos y sellos
gomígrafos de los recintos penitenciarios donde simulaban las entregas de raciones alimenticias de buena calidad y en grandes cantidades que dista mucho de los alimentos sub estandarizados que escasamente entregaban a los Centros Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, para la alimentación de los privados de libertad.
La investigación detalla que los involucrados en el caso, recibían dichas preventas a altas horas de la noche en la institución.
