La investigación del caso Antipulpo ha evidenciado una serie de acciones delictivas en la administración y manejo de los activos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y del departamento de Salud Pública, informó este viernes el Ministerio Público.
Así lo reveló el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante la audiencia preliminar en la que se lleva a cabo la lectura de la acusación del citado proceso, en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“En el día de hoy hemos avanzado hasta la página 234 y se ha presentado dentro de los hechos la afectación a instituciones como el Fonper, que se presentó de manera completa, y estamos en este momento presentando la afectación al Ministerio de Salud Pública”, dijo Camacho en declaraciones a la prensa al finalizar la sesión.
Adelantó que, durante la continuación de la audiencia el próximo lunes, expondrán el impacto negativo de la corrupción del entramado delictivo en la remodelación de los hospitales públicos.
Según la acusación, los hechos ocurridos en el Fonper “son catalogados como crímenes, recayendo la responsabilidad sobre los exfuncionarios Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina, presidente y exvicepresidenta de esa institución, respectivamente”, a los que señala como “parte de una asociación para delinquir”, apunta un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Detalla que las maniobras empleadas desde ese órgano permitieron la contratación irregular de las empresas vinculadas al entramado societario de Alexis Medina, principal imputado del caso, lo que evidencia una serie de delitos cometidos por los acusados.
El expediente destaca que entre 2012 y 2020, en los que Fernando Rosa presidió el Fonper, se incrementó la nómina de empleados nombrando a 202 personas que cobraban un salario pero que no prestaban ninguna función para la institución, la cual desembolsó un total de 259,515,725 pesos en concepto de nómina fraudulenta, apunta la nota.
El mismo esquema se usaba para el personal militar destinado a seguridad, con 37 personas designadas en esas funciones sin que exista evidencia de que prestaran servicio y que cobraron de la institución 26,490,670 pesos.
Entre otros delitos, a los imputados se les acusa de nepotismo, por emplear en la institución a personas con las que tenían vínculos familiares directos y que percibían altos salarios y otro tipo de compensaciones laborales.
También se les atribuye desfalco disfrazado de ayudas y proyectos sociales, así como de contratar empresas auditoras sin aprobación previa del consejo de directores y uso de los fondos con fines contrarios a la ley.
Respecto al Ministerio de Salud Pública, se señalan acciones fraudulentas en las compras de medicamentos y material gastable bajo la dirección de Freddy Hidalgo, registrándose una distracción del patrimonio público en beneficio de dos de las empresas del acusado Alexis Medina.
El 17 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, continuará la audiencia contra Medina como principal imputado, así como contra las otras veintisiete personas físicas y veintiuna compañías implicadas en el proceso por corrupción y lavado de activos, expediente que consta de 3,445 páginas.
El proceso también se sigue en contra de José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher.
