El Ministerio Público incautó este viernes, amparado en una orden judicial, tres bienes propiedad del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, como parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en contra del entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Medusa.
Así lo informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por periodistas que preguntaron sobre informaciones erradas que puso a circular el imputado, a través del consejo de defensa y vía redes sociales, y en las que aseguraba que el Ministerio Público habría actuado contra una oficina de trabajo del equipo legal que lo representa.
“Lo qué sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional”, indicó Camacho con respecto a las dos oficinas y un bien inmueble ocupados.
“Todos con autorización judicial, pero estas no han sido las únicas incautaciones que se han hecho en este proceso en relación a esa persona investigada, hace unas dos semanas se hicieron otras incautaciones en La Romana, cuatro incautaciones de bienes, al menos, entre ellos una villa y un solar”, añadió.
El procurador adjunto reiteró “ustedes pueden tener la seguridad de que nosotros dedicaremos el tiempo que tenemos disponible para que cada peso que ha sido distraído del erario sea recuperado y en eso estamos”.
El titular de la Pepca insistió en que este viernes se incautaron tres bienes: dos oficinas y un bien inmueble. “No se allanaron, se incautaron, eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes, que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos”.
“Y repito, cada peso que haya sido sustraído del erario será recuperado por este Ministerio Público”, añadió.
Respecto a los cuestionamientos difundidos por redes sociales y a través de grupos de WhatsApp por los abogados de Rodríguez Sánchez, el procurador adjunto sostuvo que solo buscan crear “confusión y manipulación”.
“Porque no se ha hecho un allanamiento, lo que se ha hecho es una incautación, incautación que se ha ejecutado con la debida autorización judicial que el Ministerio Público solicitó a las autoridades judiciales”, sostuvo.
Camacho resaltó que, con la Operación Medusa, los fiscales investigadores han planteado que se trata de un proceso en el que “hemos identificado un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana, algo simple y llanamente escandaloso”.
Añadió que el dinero sustraído del erario ha sido utilizado para adquirir bienes particulares, razón por la que el Ministerio Público “va a utilizar, y está utilizando, cada segundo disponible para recuperar esos bienes” que pertenecen a todos los dominicanos.
Entre los últimos bienes ocupados como parte de la Operación Medusa figuran, en La Romana, una villa turística en Bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros cuadrados en Vista Lagos, además de un depósito y un puesto de amarre en La Marina de Casa de Campo.
En el Distrito Nacional se ocupó un piso de oficinas en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, número 54, con un área de 652 metros cuadrados y varios parqueos. El inmueble fue adquirido por la sociedad comercial Jurinvest Abogados, propiedad de Rodríguez Sánchez, el 12 de octubre de 2020 a un costo de US$800,000.
Además, en la misma avenida se le ocupó un local de 175.31 metros cuadrados, en el Edificio Galerías Residenciales, Ensanche Julieta Morales, y un apartamento de 235 metros cuadrados, ubicado en el Condominio Torre Gabriela XIX.
El martes de esta semana la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el exprocurador Rodríguez Sánchez.
Los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomaron la decisión atendiendo a que el Ministerio Público depositó al tribunal la evidencia de las actuaciones de miembros del Consejo de Defensa del imputado enfocadas en intimidar y amedrentar a testigos.
El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
