La Presidencia de El Salvador destacó este sábado en un comunicado que en los primeros días de septiembre no se han registrado homicidios, mientras el país se mantiene en régimen de excepción tras una escalada de asesinatos atribuido a las pandillas a finales de marzo.
“Septiembre continúa sin registrar homicidios, lo que refleja el éxito de la estrategia de seguridad que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Plan Control Territorial y el régimen de excepción”, apuntó el Ejecutivo.
Afirmó que el país “suma 81 días sin asesinatos durante el régimen de excepción y 188 en lo que va de la gestión del Presidente Bukele”.
Sin embargo, el Ejecutivo de Bukele incluye en esta cuenta días en los que se registró la muerte de supuestos pandilleros en tiroteos con los cuerpos de seguridad y que en administraciones anteriores sí se contabilizaban como homicidios.
De acuerdo con la Presidencia, durante la llamada “guerra contra las pandillas” se han detenido a 51.671 supuestos miembros de pandillas, incluyendo 772 cabecillas.
Agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército “han desmantelado más de 167 campamentos clandestinos en zonas montañosas del país”.
Esta cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 6.500 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Seis organizaciones advirtieron el miércoles la “anulación” de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad, además de denunciar la muerte de al menos 72 personas detenidas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha recibido durante el régimen de excepción, que se ha extendido en cinco ocasiones en el Congreso, 1.329 habeas corpus para liberar a personas cuya inocencia defienden sus familiares.
