La investigación, que comprendió entre 1 de agosto de 2012 y el 31 de agosto de 2020, la Cámara de Cuentas, reveló diferencias entre la ejecución presupuestaria, nóminas físicas y nóminas en formato digital; así como también pagos de personal no identificados en las ejecuciones presupuestarias y casos de que el impuesto sobre la renta no fue retenido a empleados.
Asimismo la CC publicó señaló en su informe de la investigación especial practicada a la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana (UERS) en el que destacan las llamadas “botellas”, sobrevaloración de precios en la adquisición de bienes y contrataciones sin formalidades legales, entre otras violaciones a la ley.
La transparencia en cuanto al gasto es uno de los aspectos débiles de la gestión, primando registros incorrectos del mismo. El informe presenta la ausencia de normativas para los costos ejecutados de beneficios laborales (primas por antigüedad) y ausencia de certificación de pago a la DGIl y a la TSS.
De igual forma, el órgano auditor observó diferencias en lo presupuestado versus lo ejecutado en publicidad y propaganda. En cuanto a los pagos por concepto de publicidad y propaganda encontraron facturación a un solo proveedor sin el procedimiento de selección acorde con la ley, desembolsos por adquisición de bienes sin identificar el destino y desembolsos sin certificación de recepción.
Además, hallaron expedientes de compras con irregularidades, tales como la falta de evidencias de certificación de existencias de fondos, procedimientos de compras por comparación de precios que no estuvieron conforme a la ley y la falta de contratos que formalicen la compra.
Otros resultados de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas a la UERS fueron contrataciones de proveedores con Registro de Proveedores del Estado (RPE) inhabilitado y de servicios de publicidad de manera directa; todo esto incumpliendo con formalidades legales.
Asimismo, convocaron a licitación pública nacional sin cumplir formalidades legales, registrándose ausencia de reporte de lugares ocupados y expediente incompleto.
Esto posiblemente haya sido por otra de las conclusiones a las que llegaron los auditores: inadecuada composición del Comité de Compras y Contrataciones.
El expediente acusatorio depositado en diciembre pasado por el Ministerio Público contra los implicados en el Caso Antipulpo señala que la exdirectora de la UERS, Thelma Eusebio, habría recibido sobornos del entramado de corrupción liderado por Alexis Medina Sánchez.
El documento indaca que los datos fueron revelados por el testigo Gersom David Recio Talma, responsable de llevar la contabilidad de las empresas del entramado societario de Alexis Medina, donde se pudo comprobar, según la PGR, que se realizaban gastos no admitidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
