Ex-senador fronterizo Adriano Sánchez Roa afirmó que la Ley 28-01, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, no perime y que existe una confusión porque los 20 años a que se refiere la pieza legislativa, es para los permisos otorgados a las empresas, los cuales deben ser renovados por el consejo coordinador.
Puntualizó que cuando el párrafo del artículo 2 dice: “Las empresas… disfrutarán de una exención… así como cualquier tipo de impuesto, durante un período de veinte (20) años”, agregado en el artículo 3 que Se fija para las empresas… mientras estén vigentes los veinte (20) años de las exenciones contempladas en esta ley para las provincias indicadas…” no es a la vida de la ley, sino a los permisos.
En tanto que el artículo 5 se refiere al disfrute del período de exenciones, es decir, a la aprobación que decide el Consejo Coordinador, nunca a que la ley muere a los 20 años, como equivocadamente se ha creído; “ahí ha estado la confusión al pensar que la ley 28-01 tiene término”, expuso.
Sánchez Roa explicó que las modificaciones que debe recibir esta ley, vigente, es vincular las exenciones a la real creación de empleos dominicanos, pues la reducción de costos que provoca la misma, muchas veces queda en el empresario y no, como se ha querido, en el desarrollo de las comunidades fronterizas.
“La Ley 28-01 no desarrolló la frontera como se perseguía ni combatió la pobreza, por lo que ahora corresponde profundizar aún más en los articulados que crean más empleos, la reinversión de ganancia y el uso del potenciar productivos de la zona para su desarrollo.
Y es que, según al otrora presidente de la Comisión Permanente de Frontera del Senado, las 7 provincias poseen el 23 % de la superficie nacional, y sólo mantiene residiendo en esas demarcaciones la mitad de la población que debía vivir aquí, porque lo que el país nunca tendrá bienestar pleno hasta que no se desarrollen dichas provincias.
Lamentó que desde la capital se haya hecho una campaña en contra de la ley, con el propósito de mantener los monopolios y los elevados gastos fiscales a grupúsculos establecidos en las urbes más cómodas del país.
“Para los empresarios más influyentes esta ley 28-01 tiene final, sin embargo mantienen vigentes gastos fiscales –exhoneraciones de impuestos- por encima del 230 mil millones anuales, aún cuando ya desaparecieron las motivaciones de esas disposiciones", concluyó Roa..
