Legisladores de oposición y oficialistas enfrentan diferentes posiciones ante el seguimiento del proyecto del Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio en las cámaras legislativas.
Varios congresistas de diferentes bancadas consideran que el proyecto del Código Penal debería de estudiarse primero que la pieza de extinción de dominio.
El vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, expresó que “el Código Penal entrará en la agenda para continuar en discusión y debate en base a recomendaciones jurídicas, a la vez que añadió que la Ley de Extinción de Dominio debe ser bien estudiada.
Por su parte, el diputado de la Fuerza del Pueblo Aquilino Serrata, consideró que “el Código Penal debió de trabajarse primero que la Ley de Extinción de Dominio. Asimismo dijo que esa ley choca con principios constitucionales y que su bancada no está de acuerdo en la forma en que se aprobó”.0.
De su lado, el legislador perremeísta Ramon Ceballos, aseguró que “son dos proyectos muy importantes para la sociedad dominicana y no importa cual se haya aprobado primero o después sino que se pueda conocer”.
En tanto que el el diputado peledeísta, Juan Julio Campos, consideró que “la Ley de Extinción de Dominio es un proyecto que debe de revisarse artículo por artículo cuando llegue a la Cámara de Diputados y que el Código Penal debe aprobarse primero y luego el proyecto de Extinción de Dominio siempre y cuando no viole la Constitución Dominicana”.
En una sesión caracterizada por el debate entre los voceros de las diferentes bancadas, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. La pieza que cruzó con 24 votos a favor y 3 en contra.
La iniciativa legislativa tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.
