En la «estructura criminal» del exprocurador Jean Alain Rodríguez, como califica el Ministerio Público al grupo de 42 acusados en el caso Medusa, participaron varias familias que pudieron facilitar los presuntos acuerdos de sobornos contra el Estado.
En varios grupos orbitaron las adjudicaciones de los procesos, «beneficiándose de millones de pesos», establece el órgano acusador. Aquí presentamos los principales apellidos que figuran en la instrumentación.
César Nicolás Rizik Pimentel, uno de los señalados en el caso, gracias a los vínculos con un cuñado de Jean Alain, Rolando Rafael Sebelén Torres, mejor conocido como Rafy, ganó «mediante maniobras fraudulentas» casi la totalidad de las licitaciones para los alimentos de recintos carcelarios. Pero con él se añadió al supuesto entramado su madre, Rosanna Vianela Pimentel de Rodríguez, quien sirvió de testaferra, su hermano, Juan Asael Martínez Pimentel y una tía, Rosa Julia Pimentel, según la acusación de poco más de 12 mil páginas.
Este grupo se benefició por más de 1,000 millones de pesos con contratos para suplir de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de menores del país «que nunca fueron entregados».
Sebelén
Aunque en la acusación no arrastró a varios miembros de su familia, Rolando Rafael Sebelén Torres, Rafy, está vinculado como una de las figuras principales en el caso por no sólo ser el cuñado del exprocurador, sino porque también contactó a otras personas (con vínculos familiares) por su amistad desde la infancia y por la relación que tenían en los juegos de boliche. Como sucedió con Ricardo Enrique Pérez Mella, que participa en sociedad en una empresa con su hermana Solange Pérez Mella, entidad comercial que al igual que A.M. Multigráfica S.R.L., eran proveedoras de la Procuraduría General de la República de diversos servicios, entre estos, la compra de mobiliario para los recintos penitenciarios.
Rafy «lo puso en contacto con el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, el cual de manera directa o, a través, ya sea de Johannatan Loanders Medina Reyes o de Francis Ramírez Moreno, lo contactaba para
decirle en cuales procesos debía de participar y brindarle información privilegiada, a cambio de entregarle sobornos a los acusados», detalla el Ministerio Público.
Los Cortorreal Aquino
Otro de los apellidos a los que el órgano persecutor les dedicó varias páginas en el expediente son los Cortorreal Aquino. Dueños del Grupo ACOR SRL, cuyos socios son Isabel Athalia Cortorreal Aquino con el 33 % de las acciones, José Antonio Cortorreal Aquino (33 %) y Daniel Antonio Cortorreal Aquino (34). El gerente responde a nombre de Antonio Cortorreal Santana.
En el caso, dice el Ministerio Público, uno de los acusados, Enrique Bonetti Galván, contactó al gerente de dicha empresa para explicarle que iniciaría el Plan de Humanización; fue en el año 2019. Para ello requerían que ACOR fuera que se encargara de la distribución y venta de equipos de iluminación, desarrollo de proyectos eléctricos.
En el expediente se detalla que Bonetti Galván hizo el contacto con el ejecutivo de esa empresa «para que sea adjudicada en el referido proceso, esto, en vista de que posee los contactos en la Procuraduría General para estos fines y es evidente que pudo hacerlo a través de una asignación directa de obra, que simulaba un proceso de licitación, pero que realmente fue decisión directa del acusado Jean Alain Rodríguez, ya que el Comité de Compras y Contrataciones no era más que una especie de asistente que firman una acta que ya previamente había decidió el acusado Jean Alain Rodríguez, cuestión que repitió religiosamente en prácticamente todos los procesos de compras y contrataciones del 2016 al 2020″.
ACOR simuló su participación para ser adjudicada en el proyecto y se pactaron 85 millones 823 mil 532.50 pesos, de los cuales, dice el expediente, Bonetti Galván solicitó el 25 % para entregarle el 20 % al exprocurador.
Velásquez
Esta apellido es mencionado en la acusación porque figuran las empresas con vínculos que la imputada Jenny Marte Peña reclutó, según una de las páginas del expediente.
«A finales del año 2018, Pedro Néstor Uribe Velásquez, exdirector técnico de la Opret (Oficina para el Reordenamiento del Transporte), concubino de la acusada Jenny Marte Peña, le comenta a Óscar Antonio Brea Salomón, gerente de la empresa Ingeniería Civil, Agrimensura & Topografía, que se iniciará un proceso de licitación para la supervisión en la construcción de Centros Correccionales en la Procuraduría General de la República, y quería saber si le interesaba que le pusiera en contacto con una persona que podía ayudarlo a ganar dicho proceso. A lo propuesto por Pedro Néstor Uribe Velásquez, el ingeniero Oscar Antonio Brea Salomón, estableció a seguidas que sí», se narra en la voluminosa acusación.
Para tales fines, el monto final acordado en varios pagos fue de un millón 263,690.50 pesos a ser depositados en dos empresas con vínculos familiares de Uribe Velásquez: Constructora Canberra S.R.L., en donde Doris Purísima Velázquez Báez de Uribe posee un 50 % de las acciones y a Galaxar Development, S.R.L., cuya participación mayoritaria es de Laura Mercedes Velázquez Báez. Como sobornos para Salomón y Marte Peña se le entregó el 17 %, precisa el órgano persecutor.
Solano
Pese a que los Solano en el expediente no representan una familia que trabajó a favor de los supuestos sobornos presuntamente auspiciados por Jean Alain, sí varias personas con vínculos familiares y del mismo apellido participaron como parte de una «maniobra dolosa» encabezada por Alfredo Alexander Solano Augusto.
Solano Augusto se desempeñó como subdirector Financiero de la Dirección Genera Administrativa del Ministerio Público y es señalado de estafa contra el Estado vía varios contratos por servicios de transporte.
Dicho imputado, dice el Ministerio Público, ganó más de siete millones de pesos por concepto de transporte que nunca se ofreció, y para el cobro de esos servicios creó una empresa, ACBS Servicios, S.R.L., en la que figuraban en nómina familiares y allegados.
«Desde su relación con la Procuraduría General de la República, la operatividad, control y el poder de la razón social ACBS Servicios, S.R.L., la tenía el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, y dentro de las maniobras dolosas realizadas por este a través de dicha razón social, está la inclusión de sus familiares directos e indirectos como empleados, así como cotizantes en el régimen de la seguridad social«, indica la acusación.
Los Estrada Jackson del expediente Medusa
Los Estrada Jackson es otro apellido vinculado a en el caso Medusa como «los que estafaron al Estado con el suministro de los alimentos a los centros penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centro de menores del país», asegura la acusación.
Más de mil 200 páginas son dedicadas en el expediente a personas con este apellido, a las cuales realcionan entre sí.
Fue José Miguel Estrada Jackson el principal operativo del presunto entramado, junto a Rizik Pimentel, en la conformación del supuesto entramado societario en las licitaciones para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros
de Menores del País”, dirigido por el exfuncionario que es sindicado como el principal cabecilla.
Jackson, junto a Rizik Pimentel, dice el órgano acusador, ganaban siempre casi la totalidad de las licitaciones. Esto, gracias a las gestiones de Rafy, cuñado de Jean Alain.
Además, detalla el expediente, con la empresa Distribuidora Ropi SRL, fue que la familia con apellido Estrada Jackson habría desfalcado al Estado como suplidor de alimentos para los recintos carcelarios previamente citados. Además, forma parte de lo que el Ministerio Público denominó la «monopolización de las adjudicaciones».
«El vínculo familiar existente entre José Miguel Estrada Jackson y la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, quien es la madre del primero, así como también probamos que el acusado José Miguel Estrada
Jackson, figura casado con Patria Amelia De Las Mercedes Abbot, hija del acusado José Alberto Abbot Brugal, socio mayoritario y gerente de la empresa Distribuidora Ropi, SRL«.
Jackson y su socio se ganaron como parte de la presunta estafa por sobornos más de 11 millones de pesos, sin contar las entradas de las demás empresas.
Los beneficiarios de la Procuraduría a familiares y amigos de Jean Alain
Por valor de un millón 639,440.00 pesos, la empresa Global Tours & Travel S.R.L, exigió firmar contratos y emitir las facturas de servicios de transporte de alquiler de vehículos y se hizo simulación de los contratos para servicios de alquiler, debido a que había por parte de la Procuraduría una cuenta por pagar de servicios aéreos.
Por otros casi seis millones de pesos la PGR al mando de Jean Alain pagó por venta de
servicios aéreos, «que no corresponden al de alquiler de vehículos para ser usados en el Plan de Humanización como aducen, sino que fue el sustento sugerido y utilizado para el pago de los servicios de boletos aéreos que le brindó Global Tours & Travel S.R.L., tanto al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, a familiares y allegados del mismo, como a personas que no guardaban ningún tipo de vínculo con la Procuraduría…».
En el expediente, el Ministerio Público establece que tiene pruebas de los beneficiarios, los cuales fueron: Rafael Cano, Shantal Espinal, Juan Amado Cedano Santana, Maibe Sánchez, John Castro, Rafael Cano/ Jonnathan Rodríguez, José Martínez Hoepelman, Paloma Alejandra Franco López, Kelvin Jiménez, Ana A. Villa Camacho/Luis Norberto Verges Báez, Paloma Alejandra Franco, Vanessa Godina Tamara Simó los menores D.C. y M.C.. María Isabel Pérez Sallent y los menores M.N.R.P y J.A.R.P, Jean Alain Rodríguez, Salvador Cacho, Sergio Solache, Víctor Manuel Lora, Abril Vásquez Rojas, Yamil Gustavo, Nares Feria, Aldo Hiram Campuzano Rivera, Alejandra Lagunes, Silvia Zafra, Ricardo Fernández, José Antonio Galicia, Daniel Pineda, Jorge Luis Diaz, Paloma Franco López, Jorge Luis Diaz González y José Antonio Quiñonez, entre otros.
