El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó anoche que el país necesita un Código Procesal Penal nuevo para afrontar los nuevos desafíos delictivos, incluidas la criminalidad y la violencia, que no puede hacerse con los procedimientos de comienzos del siglo pasado.
Agregó que para hacer frente a la inseguridad ciudadana, es necesario que la Policía Nacional tenga protección y una activa vinculación con las organizaciones de vecinos de cada sector.
Sostuvo que preocupado por ese tema, hace unas semanas el Defensor trajo al país al ex-alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, quien compartió su experiencia sobre la gestión de seguridad ciudadana en una ciudad con gran progreso en un contexto de guerrillas y crimen organizado.
Ulloa dijo que con el presidente Luis Abinader “hemos podido entablar una relación sumamente satisfactoria. El Presidente de la República ha entendido que el Defensor puede ser mediador en conflictos sociales”, lo que le ha permitido a la institución ampliar el espectro de trabajo social.
Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Ulloa dijo que respetó al personal que había en la institución cuando llegó y a lo sumo se han ido cinco o seis personas, aunque han llegado expertos y jóvenes de diferentes universidades están haciendo pasantías.
Sostuvo que desde noviembre pasado han atendido casi 8,000 reclamaciones de ciudadanos para la solución de problemas con el Estado, lo que representa un salto frente a las 1,300 que había respondido en 2019 que había sido el mejor año.
Expresó que una lucha permanente es lograr que los dirigentes políticos que son designados funcionarios, se conviertan en gerentes de la administración pública con el componente trasparencia porque los fondos son de los ciudadanos.
Ulloa manifestó que el trabajo del Defensor del Pueblo combina la labor de supervisión como sucedió en el Canódromo en abril pasado y en la cárcel de Bellas Colinas, con procesos de mediación como la indexación salarial a los maestros por parte del Ministerio de Educación.
Citó el caso del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) donde con la intervención del Defensor del Pueblo se enfrentó un proceso de cancelaciones masivas sin pago de prestaciones laborales, se logró hacer entender al gobierno que eso fue irregular, sustituyó al administrador, y los nuevos funcionarios reintegraron a 46 empleados y pagaron más de 88 millones de pesos por derechos laborales.
Debates
“De las cosas que el defensor del pueblo pretende impulsar es debates de calidad, con el nivel de neutralidad que le significa la ley… con pluralidad y objetividad para que los temas que se debatan sean sobre la base de la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y aspectos concretos que la sociedad entienda que se deban debatir”, apuntó Ulloa.
Consideró que en esta etapa de la transición democrática, los dirigentes políticos tienen que “tener nivel, saber expresarlo y al mismo tiempo disponer de la racionalidad necesaria de en qué momento se está equivocando”.
Dijo que esa es la importancia del debate: darle oportunidad al ciudadano de ver que está pensado la persona que dice que quiere administrar el Estado.
