El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reconoció que el Ministerio Público actúa como garante del Estado de Derecho, resaltó este jueves el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho se refirió al tema, al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron luego de que el citado tribunal, presidido por la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, dispusiera que continúe la entrega de documentación que inició el Ministerio Público en respuesta a la solicitud de imputados del proceso por corrupción administrativa derivado de la Operación Medusa.
“En el día de hoy se conocieron dos audiencias de resolución de peticiones. El tribunal ha reconocido lo que nosotros hemos venido diciendo, que somos garantes del Estado de derecho”, expuso Camacho.
“Nosotros informamos al tribunal que en ambos casos habíamos iniciado un proceso de entrega de documentación que se solicitó al Ministerio Público. El tribunal lo ha reconocido y ha pedido que esa entrega de información continúe, algo con lo que el Ministerio Público se compromete en este y todos los procesos”, añadió.
La jueza Ramírez de la Cruz conoció peticiones del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y de Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de Tecnología de la Información y la Comunicación.
Camacho aseguró que siempre que les solicitan información, el Ministerio Público responde la entrega. “Nosotros somos, repito, guardianes del debido proceso y nos interesa que las defensas estén en condiciones de echar el pleito porque nosotros estamos dispuestos a echarlo”, apuntó.
Explicó sobre las 34 solicitudes formuladas por las defensas de los imputados Solano Augusto y Forteza Ibarra, que el tribunal solo acogió lo relativo a entrega de documentación. “El resto de todas las solicitudes fueron rechazadas por el tribunal, porque tal como le advirtió el Ministerio Público, eran en muchos casos irracionales y contrarias al debido proceso”.
Dijo que los imputados “pidieron al tribunal que hiciera solicitudes por ejemplo a instituciones y eso es una facultad que el tribunal no tiene, incluso viola el principio de separación de funciones, y así lo ha reconocido el tribunal”.
El expediente del Caso Medusa, por el que es procesado por corrupción administrativa el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, destaca que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El pasado 29 de marzo el tribunal le otorgó una prórroga de tres meses al Ministerio Público, contado a partir del pasado 8 de marzo, para presentar la acusación formal en contra del exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás involucrados en la red de corrupción.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, la cual les fue ratificada en marzo pasado durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
