La cantidad de parturientas de nacionalidad haitiana en hospitales de la República Dominicana se ha incrementado en los últimos años, alcanzando los 31 mil 935 partos sólo en el 2022.
Estos datos que corresponden a informes emitidos por el Ministerio de Salud Pública, señalan que en el año 2019 fueron 27 mil 998 las atenciones a partos de migrantes de esa nacionalidad a través de la red de servicios hospitalarios del país. Mientras que en el 2020 los casos aumentaron a 30 mil 332.
El único año en el que se evidenció una disminución en las estadísticas fue el 2021, cuando las atenciones fueron 24 mil 376, es decir, 5 mil 496 menos con relación al 2020.
El cálculo de esos nacimientos arroja un total de 114 mil 331 nacidos.
Los números se producen en el marco de la crisis institucional que vive Haití en los últimos años, la cual se agudizó tras el asesinato del presidente de ese país Jovenel Moïse el 7 de julio del pasado año.
Sólo entre enero y noviembre del pasado año, la situación se tradujo en unos 10 mil millones de pesos para el Gobierno solo en atenciones a estas labores de parto sin tomar en cuenta los recursos destinados a otros problemas de salud ofrecidos a haitianos en el territorio nacional como casos de emergencias.
Frente a esas estadísticas el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó su preocupación de cara a esta situación, en el entendido de que se trata de una realidad que afecta directamente al Estado dominicano y que cada año va en aumento.
Se recuerda que el diciembre del 2021 el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el comunicado en el que pedía al país no expulsar a las embarazadas migrantes, en especial a las de nacionalidad haitiana, estableciendo que esa acción viola el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana.
En el comunicado el MIREX afirmó que la nación cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.
El Ministerio encargado de dirigir la política exterior, defendió el deber de Estado dominicano de garantizar las condiciones óptimas para el funcionamiento del sistema de salud en el país en aras de evitar su colapso.
