La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que los acontecimiento ocurridos en los últimos días y que vinculan a la Policía Nacional, merecen respuestas urgente, en tanto que hicieron un llamado a las autoridades para que tomen medidas sobre el asunto.
“Llamamos la atención a las autoridades correspondientes en el sentido de que después de varias semanas de ocurridos los hechos aún no se ha expedido el certificado del INACIF sobre la autopsia al joven ocoeño y no se han dado a conocer los resultados de la investigación sobre los responsables del borrado de los datos de los equipos del Listín Diario”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños en un comunicado.
Castaños aseguró que “dos graves acontecimientos, vinculados a actuaciones policiales, han impactado la opinión pública en las últimas semanas, que deslegitiman y afectan los procesos institucionales en marcha para transformar y profesionalizar la Policía Nacional”.
Indicó que “es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos, como resultado de investigaciones profundas, expeditas y completas, apegadas al debido proceso, para que no empañen los avances logrados en los últimos meses en la reforma policial”.
Señaló que por un lado está la muerte de José Gregorio Custodio el pasado 18 de abril en un hospital de Ocoa, tras haber sido apresado por una patrulla policial en la madrugada del día anterior. De acuerdo a las versiones recogidas en la prensa indican que el joven Custodio llegó al hospital con golpes, contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, que los familiares atribuyen a los golpes que le propinaron agentes policiales en el destacamento municipal.
“Igualmente constituye un abuso lo acontecido en el destacamento Naco. Esos hechos deben de ser esclarecidos y los responsables sometidos a la justicia. El Ministerio Público debe de jugar su roll, son hechos que trascienden el Orden Público”, señaló.
Asimismo sostuvo que por otro lado, los medios y redes de comunicación reseñaron el pasado 11 de abril los incidentes que se registraron en el Canódromo El Coco, cuando agentes policiales destacados en ese centro, dedicado a la retención de vehículos de motor, impidieron a la fuerza que el Defensor del Pueblo y su equipo realizaran una inspección, tras recibir denuncias de graves irregularidades y abusos contra ciudadanos.
El funcionario manifestó que en esos incidentes, además del uso de la fuerza y la obstrucción a la acción de un órgano constitucional sin justificación alguna, el diario Listín Diario denunció que los agentes que intervinieron despojaron a sus reporteros de sus equipos, y procedieron a borrar las informaciones registradas, lo que constituye un gravísimo precedente de violación del derecho al ejercicio del periodismo y la libre expresión del pensamiento.
Sostuvo que ambos hechos tienen en común que muestran la necesidad de los planes y propósitos de transformación y profesionalización de la Policia Nacional, como lo planteó claramente el Poder Ejecutivo tras el asesinato de los jóvenes pastores Joel Diaz y Eliza Muñoz en Villa Altagracia el miércoles de semana santa del año pasado.
