El Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva al exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso, además otorgó tres meses de prórroga al Ministerio Público para las investigaciones del entramado de Corrupción denominado Medusa.
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Rodríguez, decidió mantener la medida de coerción impuesta desde el año pasado al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Según la jueza, la decisión de mantener las medidas de coerción a los imputados se debe a que no han variado los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la misma, mientras que la prórroga fue otorgada al órgano acusador en virtud de que han solicitado informaciones a algunas instituciones y deben esperar para recibirlas.
Fue fijada una audiencia de control para el próximo 9 de junio a las 9:00 de la mañana y la lectura íntegra del fallo será para el 22 de abril a las 2:00 de la tarde.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
