Santo Domingo.- El Senado de la República envió este miércoles a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader la suspensión del pago de siete mil millones de pesos del denominado “peaje sombra” correspondiente al año 2021 y agilizar la renegociación del contrato de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II.
La iniciativa es autoría del senador por la provincia Samaná, Pedro Catraín, quien pidió al presidente en funciones Santiago José Zorrilla (El Seibo), que la iniciativa sea enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de una semana, moción que fue acogida por sus pares presentes en la sesión.
La pieza señala en su cuarto considerando que la concesión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná tiene vicios de origen que pueden constatarse en la carta y sus anexos enviados al Congreso Nacional en el año 2008 por el Poder Ejecutivo, incluyéndose en uno de sus anexos en estudio de tráfico vehicular elaborado en el año 2005 por la empresa The Louis Berger Group & Asociados, y que fue certificado por el entonces secretario de Estado de Obras Públicas.
También en su artículo quinto refiere que según el estudio citado, el tráfico prometido diario fue estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en realidad ese año circularon por esa vía solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobreestimación de 142 %, recursos que el Estado dominicano está obligado a cubrir.
El proyecto indica también que el gobierno y la compañía concesionaria pactaron un contrato por un plazo de 33 años de los cuales los primeros tres años serían para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos exclusivas de la entidad privada, incluyendo el control absoluto del precio del peaje y el conteo del tráfico vehicular.
Expone también que el contrato dispone que si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia al concesionario.
Estas son las cláusulas que abrieron las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el equilibrio económico de este proyecto firmado en agosto del año 2005 y enero del 2006.
En la sesión de este martes dirigida por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, también fue sancionado el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Río Partido, en la provincia Hermanas Mirabal.
Esta iniciativa es autoría del senador por la misma provincia, doctor Bautista Rojas Gómez.
También fue conocido el informe del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) año del 2016. De igual manera fue sancionado el Informe sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2018. Ambos remitidos por el Poder Ejecutivo.
En la sesión los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual solicita al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), la construcción de un local para las Oficinas de la Junta Central en Hato Mayor. La iniciativa es autoría del senador por la misma provincia Dr. Cristóbal Castillo.
En los trabajos legislativos fue sancionado el acuerdo de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República Portuguesa, firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de mayo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
También el acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana para los servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.
Asimismo el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y, B convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), ambos adoptados en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
Además el acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República del Perú, suscrito el 18 de marzo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
También se incluye el acuerdo aéreo entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao, y a la República Dominicana, firmado en Santo Domingo, República Dominicana.
De la misma forma fue sancionado el protocolo de enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional sobre los artículos 48 (a), 50 (a) 56, 50 (a), 50 (a) y 56, suscrito el 15 de septiembre de 1962, el 12 de marzo del 1971, el 6 de octubre del 1989, el 26 de octubre del 1990 y dos últimos del 6 de octubre del 2016, respectivamente. Iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
También fue aprobado el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Colombo, SRI Lanka, el 6 de diciembre del 2017. Propuesto por el Poder Ejecutivo.
Asimismo el acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de la India para la Exención de requisitos de la visa para los portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales Válidos, firmado el 26 de agosto del 2019. Propuesto por el Poder Ejecutivo.
Los senadores sancionaron el proyecto de Resolución que solicita la instalación de una Oficina de la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en San Cristóbal, de la autoría del senador Franklin Rodríguez.
Llegado los turnos de ponencia, el senador Dionis Sánchez (Pedernales) llamó la atención del presidente Luis Abinader ya que, por tercera vez, viene a denunciar la intención de la dirección del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de arrendar al Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa arrendataria del Ingenio Barahona, terrenos de municipios costeros de las provincias Barahona y Pedernales, con la finalidad de cultivar caña de azúcar.
El senador por Pedernales recordó que por los menos los últimos tres directores del IAD han intentado lo mismo, pero que ahora han retornado las intenciones, a lo que esos pueblos se oponen porque se trata de tierra de vocación agrícola y destinadas a cultivar diversos rubros alimenticios. Denunció que hasta el 2020, el Consorcio Azucarero Central debió haber pagado al Estado Dominicano dos mil millones de pesos y solo han pagado 500 millones de pesos, a pesar de las grandes ganancias que obtienen.
El senador Franklin Romero (Duarte) sometió un proyecto de Ley Especial de Referendo por las tres causales, iniciativa remitida a la Comisión de Salud Pública.
El senador Aris Yván Lorenzo sometió un proyecto de Resolución que solicita la interpelación del director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, por considerar que este funcionario debe explicar una serie de contratos y decisiones en varias instituciones del Estado.
Mientras, el senador doctor Bautista Rojas Gómez (Hermanas Mirabal) reconoció la gestión e intervención del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, por su rápida intervención ante las inundaciones que en los últimos días han afectado varias comunidades de su provincia. Aprovechó para recordar al periodista y militante revolucionario Orlando Martínez, asesinado hace 46 años en la zona universitaria.
El senador Milcíades Franjul (Peravia) hizo mención a la situación de degradación del río Nizao debido a la extracción de materiales. Mostró un vídeo del Ministerio de Medio Ambiente, a través el cual este organismo anuncia la intervención del mismo.
Franjul entiende que, como fiscalizadores, los 32 senadores deben ser aliados en cada acción que vaya en beneficio del desarrollo y la defensa del medio ambiente. Citó una reunión sostenida con el ingeniero Serafín Canario, administrador de Punta Catalina, para tratar el tema de cómo afectan las cenizas que expele esa termoeléctrica a comunidades de su provincia.
El senador Antonio Marte (Santiago Rodríguez) informó haber participado en una reunión con el presidente Luis Abinader, donde se garantizó construir el acueducto de Santiago Rodríguez y los caminos vecinales de la zona, firmándose un acuerdo para tales fines.
Según el senador Marte por este acuerdo también se lograrán otras obras y proyectos a favor de los pobladores de su provincia, incluyendo la construcción de 325 viviendas para familias de la zona.
El senador licenciado Ricardo de los Santos intervino en la sesión para hacer un llamado a la procuradora general de la República, Miriam Germán, para que se cumpla con el artículo 45, numeral 2, del Código Penal, que establece que toda sanción que no sea privación de libertad perime a un año.
El senador por Sánchez Ramírez emitió esa consideración en relación a los miles de ciudadanos que están siendo afectados por multas de tránsito.
El senador Eddy Nolasco hizo un llamado a los ministros y directores generales del Estado, debido a que esos funcionarios deben recordar que si están en sus cargos, es porque las bases del PRM votaron para que ellos estén en sus puestos y que hoy no cumplen con ellos.
El senador Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez) refiere que este miércoles es un día de júbilo por la llegada al país de un millón de dosis de vacunas contra la Covid-19; y reclama la intervención de la Procuraduría General de la República y del director de la Policía Nacional para que se abra una investigación sobre los hechos ocurridos previo al accidente de tránsito sucedido este martes en la avenida Anacaona, donde murieron cuatro personas y resultaron tres heridos.
La senadora Melania Salvador (Bahoruco) solicitó que su propuesta de recuperación y fortalecimiento del Instituto Nacional de la Uva sea enviado a comisión a plazo fijo por 15 días, lo que fue aprobado por el Pleno.
El senador Lenin Valdez (Monte Plata) resaltó los paseos a caballo y los desfiles que se hacen en varias provincias montando estos ejemplares y lo hizo para llamar a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, para que descontinúe la sustitución del caballo por motores eléctricos para tirar los coches de la Zona Colonial..
