Santo Domingo, D.N.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Henríquez, denunció que el gobierno ha sometido y promueve la aprobación en el Congreso Nacional, un confuso proyecto de ley que procura establecer un régimen transitorio con medidas regulatorias para renovar o modificar los contratos de concesiones del Estado firmados antes del 2006.
El representante de la provincia Santo Domingo, explicó que, el presidente de la república, Luis Abinader, ha remitido esta iniciativa legislativa, que da facultades a los funcionarios de entidades públicas que tiene contratos de concesión, para que por vía administrativa y por un procedimiento no competitivo puedan renovar o modificar dichos contratos.
“Eso no se le puede permitir a este gobierno, por lo poco transparente, excluyente, anticompetitivo, violatorio a principios básicos de la administración pública y la apertura para practicas corruptas que contempla esta propuesta de ley”, dijo Luis Henríquez, mediante una nota de prensa despachada desde la vocería del partido opositor.
Se trata del “Proyecto de Ley que Dispone Medidas Regulatorias a los Contratos de Concesiones suscritos con anterioridad a la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, propuesto por el Poder Ejecutivo en fecha 30 de agosto del presente año y que fue aprobado en primera lectura en la sesión de este miércoles, con el voto de la mayoría oficialista.
“Lo llevan como caña para el ingenio, pues en un tiempo récord, en menos de dos meses, este proyecto ya fue aprobado por los senadores del PRM y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados y pretenden hacer lo mismo; pasarla de contrabando, con su mayoría parlamentaria, y eso no puede pasar así”, advirtió el legislador.
Denunció que la Comisión de Hacienda, encargada del estudio del proyecto de ley, aprobó un informe favorable, sin atender una solicitud de la oposición para que se realicen vistas públicas y sea escuchada la posición de los diversos sectores con incidencia en las actividades ligadas a las entidades que tienen concesiones y que resultarán impactadas por la pretendida ley.
En ese sentido, Luis Henríquez hizo un llamado de alerta urgente a todos los sectores productivos del país, y a todas las personas físicas o jurídicas; local o internacional, que pueda construir, instalar, mejorar, adicionar, conservar, restaurar, producir, operar o administrar una obra, bien o servicio público en calidad de concesionario, para demandar las debidas explicaciones del gobierno sobre sus pretensiones con este proyecto.
Henríquez denunció también que el gobierno no ha depositado al Congreso Nacional los contratos que procura modificar o renovar con esta propuesta de ley, que tiene un carácter transitorio de tres años.
“Es un proyecto excluyente y lesivo, que daría la facultad a los funcionarios de entidades concedentes, para hacer nuevos contratos grado a grado, sin la debida transparencia, publicidad y sin la participación de otros concesionarios” especificó el diputado de la segunda mayoría legislativa del país.
Afirmó, que lo que procura el Poder Ejecutivo con esta iniciativa, ya está normado por la ley 47-20 de Alianzas Publico-Privadas, la cual modificó la ley 340-06, en los aspectos relativos a las concesiones, además estableció disposiciones para que el Estado realice las nuevas concesiones, y en el caso de los contratos existentes antes de la ley 340- 06, y la 47-20, los mismos continuarán rigiéndose por el contrato que le dio origen, o el marco legal vigente al momento de la firma del contrato.
Luis Henríquez dijo que le llama poderosamente la atención, que sea el director general de Alianzas Público Privadas, Sigmund Freund, quien promueva la aprobación de esta nueva ley; con lo cual, este funcionario renuncia a su responsabilidad de hacer cumplir la ley 47-20, que tiene los mandatos por los cueles deben regirse los procesos competitivos para las concesiones del Estado, por lo que afirma, es deber de Freund, promover y regular los proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas, de manera ordenada, eficiente y transparente, así como velar por el cumplimiento de la ley.
