El procurador adjunto Wilson Camacho destacó el pasado viernes la fortaleza de los expedientes y las pruebas aportadas a los tribunales en los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público contra imputados de sustraer fondos de los contribuyentes al cometer actos de corrupción administrativa.
Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), habló en esos términos al referirse a la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras González por el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras y que emitió sentencia absolutoria a favor de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) procesado por corrupción administrativa, así como de otros involucrados en esos hechos.
“Con relación a ese caso, nosotros vamos a esperar la decisión íntegra para decidir en consecuencia. No obstante, lo que vimos ayer es una muestra de que en República Dominicana, cuando se trata de temas de corrupción, hay que sobreprobar”, dijo a periodistas que le pidieron su opinión sobre esa sentencia cuando salía de un tribunal localizado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se conocía una audiencia de los casos Coral y Coral 5G.
“Esa ha sido, incluso, una de las razones por la que nosotros en nuestros procesos depositamos tantas pruebas, porque esa excusa no va a poder ser utilizada en nuestros procesos”, expuso.
“En los casos de corrupción en República Dominicana se ha establecido un estándar que es irracional y metafísico; incluso, se ha establecido ese estándar con el interés de mantener abiertas las puertas de la impunidad, pero ese es un tema que tiene que parar”, advirtió el titular de la Pepca.
