Las autoridades apresaron a Zafiro Sánchez González, una de las cabecillas de la recién desmantelada red que prostituía mujeres de Colombia y Venezuela en la República Dominicana y que está denominada como Cattleya.
Sánchez González, ciudadana venezolana, se encontraba prófuga desde la semana pasada cuando se dio a conocer la información sobre los allanamientos que dieron con el rescate de unas 80 mujeres sudamericanas que eran víctimas de trata de personas.
Por el caso son imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas y el sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
También, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los cuales el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
A la audiencia acudieron, además de Bejarán Álvarez, Juan Medina de los Santos, Aleika Almonte, Belkis Ulloa, Eduardo Velázquez y Ginna Matías, en representación del Ministerio Público.
El juez Pablo Imbert, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
