El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ponderó la decisión del gobierno de propulsar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas, aprobado mediante la Resolución 57/ 199 del 2002.
El Convenio de no tortura de la ONU fue firmado por la República Dominicana en el año 2012 y aún no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, lo que ha impedido su aplicación.
“El pacto de no tortura, en su artículo 17, otorga al Defensor del Pueblo la responsabilidad de ser vigilante de que no se produzcan este tipo de hechos en el país”, afirmó Ulloa.
El empuje del citado protocolo se produce tras el anuncio del gobierno de implementar 14 medidas para enfrentar los problemas de violencia registrados en los últimos días en el país.
Pablo Ulloa señaló que se hace imperativo que el Estado dominicano se disponga a la adhesión y puesta en marcha de este protocolo, a fin de construir uno que sea efectivo, ya que la República Dominicana está en mora en cuanto a este tema.
