El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó este miércoles una solicitud que hizo la defensa de Esmeralda Ortega Polanco, procesada por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G, con la intención de que el Ministerio Público y otras entidades le entreguen documentos sobre información financiera.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la petición de Ortega Polanco fue rechazada porque los documentos que solicitó son de libre acceso y no requieren autorización judicial.
Ortiz respondió preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de que el juez Raymundo Mejía conociera dos resoluciones de peticiones del Caso Coral 5G.
“Estábamos conociendo dos resoluciones de peticiones, una de la imputada Esmeralda Ortega Polanco y otra del ciudadano Torres Robiou, en los cuales ellos solicitaban la entrega de documentaciones”, dijo.
Respecto a la del general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), dijo que fue suspendida para que la Contraloría General de la República esté representada en la próxima audiencia.
La representante del Ministerio Público explicó que la defensa de los imputados solicitó información bancaria, así como de auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
El pasado mes de marzo el magistrado Mejía ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.
Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
