El Séptimo Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a dos de los señalados por el Ministerio Público en su acusación formal en el caso de corrupción Antipulpo.
En ese sentido, a petición de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el magistrado Deivid Peguero dictó orden de arresto en contra de Mercedes Paola Suazo y Carlos Martín Montes de Oca, quienes forman parte de los nuevos implicados en el caso.
El juez que instruye el caso de corrupción también ordenó la publicación en un medio de comunicación circulación nacional, de los datos personales de los declarados en rebeldía, así como impedimento de salida del país.
Mientras que otorgó un plazo de 48 horas a los abogados de Fulbio Cabrera y Francisco Brea para que notifiquen por escrito el motivo de su no comparecencia a la audiencia, o de lo contrario se asignará un defensor público al imputado, en casi de que este no contrate nuevos abogados.
El inicio de este juicio preliminar ha sido incidentado tanto por el Ministerio Público como por los abogados de los imputados, que por segunda ocasión solicitan su aplazamiento.
En el caso específico de la defensa del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), se pide el aplazamiento a fin de recibir los documentos contentivos de los interrogatorios realizados por el Ministerio Público y que el juez ordene al órgano acusador el pago de un astreinte de 100 mil pesos por cada día de retraso en dicha disposición.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez, de crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Está imputada además, la también hermana del exmandatario, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y quien de acuerdo al órgano acusador fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Asimismo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona, Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, antiguo fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
En total son 26 las personas y 23 las empresas implicadas en el supuesto entramado de corrupción.
El expediente señala que el supuesto entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
