El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor de países miembros, siete en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.
Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.
El documento expresa además preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”.
Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, subraya un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.
El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.
Menciona expresamente y lamenta la reciente muerte del prisionero político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras meses de detención “en condiciones indignantes”.
La resolución muestra además su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del pasado año y lamenta “el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas”.
Antes de la votación de la resolución, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, intervino por videoconferencia para mostrar el “rechazo absoluto” del Gobierno nicaragüense a ésta y otras decisiones tomadas en años recientes por el Consejo de Derechos Humanos que condenaron la situación en el país centroamericano.
Los textos de estas resoluciones “siguen haciendo valoraciones derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas cuya única finalidad es afectar a la dignidad y soberanía de los pueblos”, aseguró.
Delegaciones de países miembros del Consejo que votaron en contra, como Venezuela, Cuba, China o Rusia, coincidieron en rechazar un texto que en su opinión supone una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con “motivaciones políticas”.
El mecanismo de investigación creado “no cuenta con el consentimiento del país y no ayuda a promover el diálogo ni la cooperación, alentando la confrontación y la politización de este Consejo”, aseguró la delegación china, mientras Venezuela afirmó que el grupo de expertos tendrá “atribuciones parapoliciales”.
En Nicaragua el mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado el mes pasado por actores de la sociedad civil como el Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
