La magistrada Vanessa Acosta Peralta, integrante de la sala civil de esa alta corte y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial entiende que en esa materia hay grandes avances, entre ellos que para ingresar a la carrera judicial es necesario aprobar un concurso sin importar si es hombre o mujer.
La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Vanessa Acosta Peralta, consideró que es necesario unirse y empoderarse con la finalidad de lograr los cambios necesarios en materia de igualdad de género.
La magistrada Acosta Peralta hizo esos planteamientos al participar en la cátedra virtual Justicia y Género 2021, en el que se abordó el tema “Sororidad entre Mujeres tomadoras de decisiones”.
La jueza integrante de la Sala Civil de la SCJ y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial valoró como positivo ese tipo de cátedras a los fines de mantener y aumentar los derechos de las mujeres.
Explicó que en el Poder Judicial de República Dominicana hay grandes avances y puso como ejemplo que para ingresar a la carrera judicial no se toma en cuenta el género, sino que hay que pasar por un concurso público establecido en la Ley 327-98 y se logra por mérito propio.
La magistrada Acosta Peralta informó que el 61.35% de las juezas y empleadas judiciales son mujeres y el 38.67 % hombres, de estos hay 471 magistradas y 313 magistrados.
Asimismo, detalló que la Suprema Corte de Justicia de 17 jueces solo 4 son mujeres, en el Consejo del Poder Judicial de un total de 5 miembros 2 son mujeres y una suplente, en la corte 125 mujeres y 196 juezas de primera instancia y 146 de Paz.
Entiende que debe ser aumentado el número de juezas en la Suprema Corte de Justicia, la matrícula de legisladoras y de las mujeres que integran el Consejo Nacional de la Magistratura (este último órgano constitucional que designa los jueces y juezas de las altas cortes) conforme a la Constitución y la Ley 327-98 de la Carrera Judicial.
La magistrada sostuvo que no hay tribunales exclusivos para hombres o mujeres en las materias civil, penal y administrativa, por lo que no existe la discriminación de género y, por tanto, ser mujer no es una limitante para presidir o dirigir esos tribunales.
Además, puntualizó que no debe existir discriminación y que el hecho de ser mujer no debe representar un obstáculo para las funciones que se quieran desempeñar.
Entre los logros que el Poder Judicial puede exhibir de manera concreta a través de la Comisión para la Igualdad de Género de la entidad, la aprobación de la Política de género en el año 2007 que ha servido de base para el desarrollo de iniciativas que han sensibilizado a muchas personas, en lo que tiene que ver con la igualdad entre hombre y mujer.
“Para lograr mayores alianzas sororas es necesario mantener la Comisión para la Igualdad de Género alcanzando que más personas se integren en cursos y talleres en esa materia; que se tenga un objetivo de más sororidad, más alianzas para detener y tomar conciencia de los niveles y violencia contra las féminas y finalmente, manejar los patrones de conductas que limitan la unión entre las mujeres”, indicó Acosta.
En la cátedra participaron también Yanira Argueta Martínez, activista feminista y exdirectora del Instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer y la comunicadora Priscila Barredo, quien fungió como moderadora.
El propósito de la cátedra es reconocer la importancia de la actitud sororaria dentro de las instituciones y organizaciones para la toma de decisiones más certeras y de mayor alcance.
La sororidad: es el pacto entre mujeres, principalmente ante situaciones de discriminación sexual, actitudes y comportamiento machista.
Sororidad, es un término derivado del latín “soror”, que significa hermana. Sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Otras fuentes afirman que el término sororidad proviene de la palabra inglesa “sisterhood”, utilizadas en los años 70 por Kate Millet, referente del feminismo de la segunda ola y autora de Política sexual.
Se recuerda que el Poder Judicial inició el proceso para la implementación del Sello Igualando RD en el Sector Público, el cual busca generar cambios en la gestión de las instituciones para incrementar la competitividad, la productividad y la promoción de acciones, encaminadas a eliminar brechas de género y aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.
