Santo Domingo.- Durante el período presidencial 2020–2025, la Contraloría General de la República (CGR) logró ampliar, de manera sustancial, la cobertura del control interno en la administración pública, con la apertura de 98 nuevas Unidades de Auditoría Interna y la realización de 184 auditorías en el 2025.
Al ofrecer los detalles, el contralor general de la República, Félix Santana García, destacó que en cumplimiento de las disposiciones del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y la Ley Orgánica 10-07, la Contraloría coordina y supervisa la ejecución de 42 auditorías realizadas por firmas privadas, lo cual garantiza independencia técnica, rigor metodológico y apego a las normas vigentes, marcando así un antes y un después en la forma de auditar el sector público.
Expresó que este incremento evidencia un fortalecimiento significativo de la capacidad operativa de la Contraloría, y un compromiso firme con la fiscalización oportuna y efectiva.
Santana García dijo que, por primera vez, el control gubernamental también ha alcanzado directamente a los Gobiernos locales o cabildos, en los cuales, entre enero y junio de 2025, fueron realizadas 68 auditorías, abarcando tanto evaluaciones de carácter general como auditorías focalizadas en nóminas.
Manifestó que estas acciones contribuyen a fortalecer la institucionalidad municipal y a promover una gestión más ordenada y transparente en el nivel local, donde el impacto de los recursos públicos se percibe de forma más inmediata por la ciudadanía.
Indicó que 18 ministerios del Gobierno central se encuentran en proceso de auditoría, y 5 están debidamente programadas para darle inicio.
Explicó que a esto se suma la realización de 22 auditorías adicionales a Unidades Ejecutoras del Gobierno central, con presupuestos superiores a los mil millones de pesos, lo que pone de manifiesto un enfoque estratégico orientado a los entes con mayor impacto presupuestario.
Asimismo, indicó que la CGR ha ejecutado 34 procesos de seguimiento a las auditorías, con el objetivo de verificar la implementación de las recomendaciones formuladas, corregir debilidades identificadas y evitar la reincidencia de irregularidades.
Precisó que este enfoque reafirma que la auditoría no se limita a la detección de hallazgos, sino que se orienta a generar mejoras reales y sostenibles en la gestión pública.
El contralor destacó que durante el 2025 se realizaron 184 auditorías, frente a 67 del 2024, lo que representa un crecimiento de 118 auditorías adicionales en la cobertura de entidades auditadas.
Santana García expuso que las auditorías practicadas han permitido identificar hallazgos estructurales recurrentes, que requieren atención prioritaria por parte de las instituciones auditadas.
Señaló que estos hallazgos constituyen insumos fundamentales para la toma de decisiones correctivas y para el fortalecimiento institucional, con la implementación de un programa de seguimiento para corregir dichas debilidades.
En ese mismo orden, la Unidad Antifraude constituye un pilar estratégico dentro de la política nacional de integridad impulsada por el presidente Abinader, con un impacto directo en la lucha contra la corrupción.
A través de sus funciones de detección, investigación y paralización de prácticas irregulares o fraudulentas en las instituciones del Estado, esta Unidad analiza auditorías especiales y ejecuta acciones preventivas orientadas a proteger los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión gubernamental.
Asimismo, dijo que la Contraloría ha reforzado su labor preventiva con la implementación de herramientas tecnológicas, como el Sistema Unificado de Gestión de Pagos (Sugep), que fortalece el control y la validación de los pagos del Estado, y el Índice de Control Interno (ICI), que permite evaluar el nivel de madurez y cumplimiento de los sistemas de control interno en las instituciones públicas.
Explicó que continúan fortaleciendo los controles internos de distintas instituciones, para lo cual ha sido puesto al servicio de la población un nuevo software denominado Denuncia Contraloría y Verifica CGR, y que en los próximos días pondrá en ejecución otro software conocido como Sistema de Fiscalización Georreferenciada de Obras (Sifgo), en ambiente de la inteligencia artificial, mediante el cual se conocerá, en tiempo real, el nivel de inversión de las obras del Gobierno y también el avance físico y financiero de ellas.
En este contexto, manifestó que la Contraloría General de la República cumple de manera integral su rol de auditar, fiscalizar, alertar, recomendar, dar seguimiento y acompañar a las instituciones del Estado, como lo establece la legislación dominicana.
Recordó que la Ley 10-07 de la Contraloría establece, en sus artículos 25 y 26, que el titular de cada entidad u organismo público es el principal responsable del diseño, implementación, mantenimiento y funcionamiento efectivo del control interno en su institución.
Dijo que es importante aclarar que la existencia de Unidades de Control Interno, aun cuando cuenten con el acompañamiento técnico de la Contraloría, no exime ni sustituye la responsabilidad directa de la máxima autoridad administrativa, conforme con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), que emanan de la Contraloría.
Agregó que esta delimitación de responsabilidades resulta esencial para una comprensión correcta del sistema y para evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance del rol de la Contraloría.
Finalmente, la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) se ha consolidado como un espacio de crecimiento profesional para los colaboradores de la Contraloría, al igual que para servidores de otras instituciones del Estado. Solo en el 2025 se realizaron 113 eventos de formación técnico-profesional, equivalentes a 843 horas formativas, que impactaron a 2,449 servidores públicos, quienes han fortalecido sus competencias para afrontar los desafíos actuales de la administración pública y contribuir a una gestión más moderna, responsable y transparente.
